El gobierno de Estados Unidos apenas tiene competencias directas en la enseñanza, fuera de marcar las líneas generales de política educativa en conformidad con las leyes aprobadas por el Congreso. Pero puede influir mucho asignando a los estados fondos sujetos a los requisitos que determine. Y hoy el Departamento federal de Educación tiene más dinero que nunca para repartir. Su titular, Arne Duncan, está decidido a usarlo para provocar reformas ambiciosas en los sistemas escolares públicos, deficientes en buena parte, sobre todo en las zonas donde vive la población con menos recursos.
Con la generosa parte que le ha correspondido del fondo de estabilización, o sea la inyección de dinero público para estimular la economía y sacarla de la crisis, el Departamento de Educación dispone de más de 10.000 millones de dólares extras para nuevas iniciativas de los estados.
Resultados medibles
Con tan colosal zanahoria, el Departamento pretende que los estados se comprometan a conseguir resultados reales, que se puedan medir por criterios objetivos. La semana pasada publicó los criterios con que se adjudicarán las subvenciones. Los principios básicos son libertad para tener y aplicar ideas, y responsabilidad para rendir cuentas. El recurso a la iniciativa privada es bienvenido.
Una parte del paquete, 650 millones de dólares, es para un fondo llamado “Invertir en innovación”. Dará subvenciones no solo a distritos escolares, sino también a entidades privadas que gestionan colegios por contrato con las autoridades educativas, como en el caso de las charter schools.
Otros 3.500 millones se reservan para reflotar 5.000 maltrechas escuelas públicas del país en el plazo de cinco años. No vale decir “danos el dinero, y nosotros arreglamos todo”. Este programa exige medidas radicales, en la convicción de que no se levanta un colegio hundido si no se cambia el rumbo. Para demostrar que van en serio, las autoridades escolares tienen cuatro opciones: relevar al director y al menos a la mitad de los profesores; entregar la gestión de la escuela a una organización privada; cerrarla y realojar a los alumnos; implantar reformas drásticas, como alargar la jornada escolar o dar autonomía a la dirección para seleccionar la plantilla, reforzar los programas...
“Carrera a la cumbre”
El mayor componente del estímulo educativo es el fondo “Race to the Top” (“Carrera a la cumbre”), al que se ha destinado 4.400 millones de dólares. Financiará cuatro géneros de actuaciones:
1) Adoptar patrones internacionales de rendimiento académico, con los correspondientes exámenes para comprobar si se alcanzan.
2) Reforzar la obtención de datos sobre alumnos, para mejorar los resultados.
3) Apoyar planes de promoción y retribución a profesores según el rendimiento.
4) Rescate de escuelas en dificultades.
2) Reforzar la obtención de datos sobre alumnos, para mejorar los resultados.
3) Apoyar planes de promoción y retribución a profesores según el rendimiento.
4) Rescate de escuelas en dificultades.
No recibirán dinero los estados que prohíban usar los resultados de los alumnos para evaluar a los profesores. Puntuarán más bajo los que pongan limitaciones a la fundación y al funcionamiento de charter schools –entre ellos, los diez que no las permiten–. Tendrán preferencia los que se atrevan a prolongar la jornada o el año escolar.
Son todos estos criterios contrarios a los de los sindicatos de profesores, de los que se espera resistencia. Algunas de esas reformas exigirían renegociar los convenios colectivos, cosa que no resultará fácil. Por eso, entre otras razones, cuando ha habido que sacar a flote un colegio, muchas veces se ha preferido cerrarlo y sustituirlo por uno nuevo –una charter school, en no pocos casos–, para empezar de cero sin el peso de malos hábitos y con profesorado nuevo, no cubierto por convenio.
En la línea de Bush
Por atrevidas que parezcan las ideas de Duncan, en realidad siguen la misma línea de la ley No Child Left Behind (NCLB) de 2002, la reforma educativa de la era Bush Jr. La NCLB ya exigía metas para recibir financiación federal. Pero daba demasiada discrecionalidad a los estados, que la aprovecharon para librarse de cumplir los requisitos de verdad. Un ejemplo es la proporción mínima de alumnos que deben alcanzar cierta nota en exámenes normalizados de ámbito estatal. En algunos casos se ha conseguido el objetivo simplemente poniendo más fácil el examen.
Otro ejemplo es un problema que tampoco arregla el estímulo de Duncan, que en este punto ha sido muy criticado. Los profesores de más baja cualificación y menos experiencia se concentran de manera desproporcionada en las escuelas de las zonas más pobres. Esto se debe sobre todo a los sistemas de ascenso del personal docente, y para corregirlo harían falta incentivos que atrajeran a los buenos profesores a los colegios menos apetecibles (o, si fallan, traslados forzosos). La NCLB exigía poner fin a ese reparto injusto, pero no fijaba la altura del listón. Así, los estados han podido llenar las escuelas descuidadas de profesores “altamente cualificados” sin mover uno solo, con el simple procedimiento de recalificar a los mismos que ya había.
El plan de Duncan sigue sin apretar las tuercas. En este capítulo pone condiciones imprecisas y permite a los estados que definan a su arbitrio el nivel de cualificación del cuerpo docente.
De todas formas, el premio es tan gordo, que esta vez parece asegurada mayor eficacia. Si los parlamentarios hacen caso al gobernador Arnold Schwarzenegger, California adoptará en breve plazo grandes reformas para mejorar su candidatura a los fondos de “Race to the Top”. Por la misma razón, otros estados han decidido subir los topes de charter schools que admiten: lo pidió en marzo el presidente Barack Obama, que está siendo complacido con ayuda de los persuasivos cheques Duncan.
